Aporta apenas 33 pesos diarios para sus hijos; Denuncian en Altamira, Tamaulipas

— Madre de dos menores acusa incumplimiento de pensión alimenticia y presuntas omisiones en la Fiscalía; uno de sus hijos tiene autismo y requiere atención especializada.

Altamira, Tamaulipas.- Con aportaciones que, según la denuncia, apenas alcanzan los 33 pesos diarios por cada hijo, Claudia de la Fuente Rivera acusó a su expareja, Rehel Jorge Cabrera Villalta, exintegrante de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), de incumplir durante años con sus responsabilidades alimentarias hacia sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad.

La madre de familia denunció que, pese a haber iniciado un procedimiento legal por abandono de obligaciones alimentarias, el caso ha enfrentado diversos retrasos y dificultades para avanzar, situación que ha dejado prácticamente bajo su responsabilidad los gastos de manutención, atención médica y terapias de ambos menores.

De acuerdo con su testimonio, las aportaciones económicas del padre disminuyeron progresivamente hasta llegar a los 33 pesos diarios por niño durante los últimos dos meses. Incluso, aseguró que anteriormente hubo periodos en los que entregaba alrededor de 15 pesos por menor o simplemente dejaba de proporcionar dinero.

Claudia explicó que la situación comenzó a complicarse después de su separación, en septiembre de 2023, y posterior divorcio, formalizado en febrero de 2024, cuando dejaron de llegar los depósitos de la pensión que anteriormente se descontaba directamente del salario del exagente mediante un embargo.

Señaló que, debido a una incapacidad laboral prolongada del entonces trabajador de la Fiscalía, entre mayo y junio de 2024 se interrumpieron los depósitos.

Aunque posteriormente se comprometió a entregar el dinero personalmente, los pagos comenzaron a retrasarse hasta volverse irregulares.

La situación económica se volvió todavía más difícil cuando, durante 2024, uno de sus hijos recibió diagnósticos de retraso intelectual, trastorno del espectro autista grado 2, alteraciones del procesamiento sensorial y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El menor requiere atención psiquiátrica, terapias sensoriales y servicios especializados, además de contar con una credencial de discapacidad. La madre afirmó que ha cubierto por su cuenta los estudios, tratamientos y consultas, pese a solicitar reiteradamente al padre que aportara al menos la mitad de esos gastos.

Como parte de los antecedentes, Claudia también señaló que el 18 de junio de 2025 su expareja fue detenido en el condado de Hidalgo, Texas, cuando presuntamente intentaba cruzar una camioneta GMC Sierra gris, modelo 2023, que contaba con reporte de robo.

Según su versión, el exagente permaneció detenido hasta el 8 de diciembre de ese año y regresó a Tampico el día 9. Después de su retorno volvió a comprometerse a entregar la pensión, pero, aseguró, tampoco cumplió de manera constante.

La denunciante agregó que durante el periodo de incapacidad llegó a observar publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp en los que su expareja aparecía en restaurantes, centros nocturnos y actividades recreativas, mientras ella enfrentaba dificultades para solventar las necesidades de sus hijos.

Ante la falta de apoyo, en febrero de 2026 presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de abandono de obligaciones alimentarias.

Sin embargo, afirmó que la carpeta de investigación permaneció sin avances durante varios meses, debido a que al acudir a solicitar información le respondían que no habían logrado localizar al señalado para notificarlo.

La mujer manifestó sospechas sobre una posible cercanía del exservidor público con trabajadores de la institución, aunque reconoció que no cuenta con pruebas para acreditar que terceras personas hayan intervenido en el procedimiento.

Indicó que decidió acudir directamente con la coordinación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Abandono de Obligaciones Alimenticias (FENAM), en Tampico. Después de expresar su inconformidad, aseguró que el señalado finalmente fue notificado, rindió declaración y se programó una audiencia inicial.

Durante la primera diligencia se le ofreció la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no se concretó ningún acuerdo porque, según la madre, el imputado no aceptó las condiciones planteadas.

Posteriormente, en una nueva fecha para la audiencia inicial, el señalado no se presentó y tampoco acudió la agente del Ministerio Público que llevaba originalmente la carpeta. En su lugar fue enviada otra representante, quien, de acuerdo con la denunciante, desconocía los antecedentes del expediente.

En esa audiencia, la defensa argumentó que su representado enfrentaba problemas de salud. Ante ello, la jueza otorgó un plazo para justificar su inasistencia, mientras Claudia cuestionó que nuevamente se recurriera a motivos médicos para explicar su ausencia.

La madre también relató que, al concluir la diligencia, la representante ministerial le comentó que no debió mencionar un oficio relacionado con las incapacidades laborales del exagente, debido a que desconocía ese antecedente al no ser la responsable original de la investigación.

El 3 de noviembre, Claudia acudió nuevamente a la Fiscalía para conocer qué había ocurrido con la inasistencia y el seguimiento de la audiencia. Aseguró que no obtuvo respuestas claras ni encontró una solicitud formal para integrar el documento que, según lo indicado por la jueza, debía incorporarse a la carpeta.

La denunciante expresó su preocupación porque la falta de recursos también ha repercutido en la continuidad de las terapias de su hijo mayor.

Advirtió que reducir estos tratamientos puede afectar su desarrollo, pese a que los especialistas le han señalado que, con atención médica y terapéutica oportuna durante la infancia, el menor tiene posibilidades de alcanzar una vida adulta funcional.

“Estoy desesperada porque el trato que he recibido no es el que debe recibir ninguna persona y menos una víctima”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que su expareja considere suficientes algunas compras ocasionales de juguetes, alimentos o pizza, pues sostuvo que esos apoyos esporádicos no sustituyen la obligación de proporcionar una pensión que cubra las necesidades básicas y garantice el desarrollo de los menores.

Finalmente, Claudia de la Fuente Rivera solicitó la intervención de las autoridades para que se agilice la investigación, se expliquen los retrasos registrados y se garantice el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, tomando en cuenta las necesidades especiales del menor que vive con discapacidad.