Acusa Canacar Tamaulipas presión fiscal y crisis de seguridad carretera

Armando Yussef Martínez Saleh pide frenar recorte a estímulo fiscal y combatir extorsiones; advierte que los costos amenazan la competitividad del transporte de carga.

El autotransporte de carga enfrenta una presión creciente por la inseguridad carretera, las extorsiones, el alza de costos y la incertidumbre fiscal, advirtió Armando Yussef Martínez Saleh, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tamaulipas.

El representante empresarial cuestionó la propuesta de reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por el uso de autopistas de cuota en 2027 y planteó elevarlo a 420 millones.

Advirtió que el ajuste podría dejar fuera a empresas que, pese a registrar una mayor facturación, operan con márgenes reducidos y enfrentan incrementos en combustible, seguros, mantenimiento, salarios y peajes.

“Facturar más no significa necesariamente ganar más”, sostuvo.

Martínez Saleh pidió al Gobierno federal revisar el criterio fiscal y evitar que las medidas recaudatorias debiliten la capacidad de inversión de las empresas transportistas, en un contexto marcado también por el deterioro de carreteras y los riesgos para los operadores.

El delegado de Canacar en Tamaulipas afirmó que, pese a los avances reportados en el combate al robo de carga, los operadores continúan expuestos a asaltos, amenazas y privaciones de la libertad.

La inseguridad, agregó, obliga a las empresas a destinar recursos adicionales a sistemas de rastreo, custodias, seguros y cambios de ruta, además de generar pérdidas por mercancías y unidades robadas.

“Un operador no debería salir de su casa sin la certeza de regresar sano y salvo”, expresó.

También alertó sobre presuntos cobros indebidos y abusos durante revisiones y detenciones de unidades, por lo que demandó mecanismos efectivos de denuncia y sanciones contra quienes utilicen sus facultades de inspección para exigir pagos o imponer obstáculos injustificados.

Pidió que las medidas de vigilancia y supervisión alcancen a las autoridades municipales, estatales y federales.

Martínez Saleh señaló que el incremento en combustibles, neumáticos, refacciones, financiamiento y seguros, sumado al deterioro de algunos tramos carreteros, eleva los costos de operación y provoca retrasos, daños a las unidades y accidentes.

Cuestionó que se incentive el uso de autopistas de cuota por razones de seguridad y eficiencia mientras se plantea restringir un beneficio fiscal que ayuda a las empresas a cubrir el costo de los peajes.

Además, pidió simplificar trámites y homologar disposiciones entre autoridades para evitar requisitos contradictorios y cobros injustificados que, afirmó, afectan a quienes operan dentro de la ley.

El dirigente advirtió que el encarecimiento de la logística repercute en toda la cadena productiva, desde la industria y el campo hasta las exportaciones y el abastecimiento de mercancías.

Añadió que las condiciones de inseguridad, las largas esperas y la falta de espacios adecuados para descansar también complican la disponibilidad de operadores profesionales.

Ante este escenario, el delegado llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a los tres órdenes de Gobierno y al Congreso de la Unión a establecer compromisos con plazos definidos en materia de seguridad carretera, combate a las extorsiones, conservación de infraestructura, simplificación regulatoria y política fiscal.

Afirmó que el sector reconoce los objetivos de recaudación y combate a la evasión, pero pidió que las decisiones fiscales consideren los márgenes operativos y las necesidades de inversión del autotransporte.

“El autotransporte quiere ser parte de las soluciones de México. Estamos dispuestos a trabajar coordinadamente con su gobierno, pero necesitamos que nuestras preocupaciones sean escuchadas y se traduzcan en decisiones concretas”, manifestó.

Martínez Saleh recordó que el transporte de carga es indispensable para movilizar alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos esenciales, incluso durante emergencias y desastres naturales.

Advirtió que mantener las presiones actuales puede comprometer la inversión, la renovación de las flotas y el empleo en una actividad estratégica para la economía nacional.

“No queremos detener a México. Queremos que México pueda seguir avanzando, con seguridad, certeza jurídica, condiciones fiscales equitativas y un verdadero compromiso de las autoridades”, concluyó